GB Consultores y AEMON celebran una jornada sobre planes de igualdad y registro horario

El encuentro es fruto del reciente acuerdo comercial firmado entre AEMON y GB Consultores

• A partir del 1 de enero de 2020, las empresas de 150 y hasta 250 trabajadores están obligadas a tener un plan de igualdad

• Las sanciones para las empresas sin registro horario oscilarán entre 625 a 6.250 euros.

Elaborar e implantar planes de igualdad y disponer de un registro horario son dos obligaciones que las empresas han de aplicar en sus organizaciones a corto y medio plazo. Sin embargo, los directivos y empresarios aún tienen dudas respecto al modo en el que deben introducir estas dos normas en su gestión diaria.

Para dar respuesta a sus inquietudes, AEMON (Asociación Empresarial de Moncada, Alfara del Patriarca y Nàquera), en colaboración con GB Consultores, celebró recientemente una jornada informativa sobre las recientes modificaciones en diferentes leyes (Ley de Igualdad efectiva de mujeres y hombres, Estatuto de los Trabajadores, etcétera) en la que se hizo especial hincapié en dos temas de máximo interés para las empresas: la implantación de planes de igualdad en las empresas y el registro horario. Esta sesión ha sido fruto del reciente acuerdo comercial firmado entre AEMON y GB Consultores para apostar en la mejora de los servicios que la asociación presta a sus asociados.

Planes de Igualdad

La implantación de planes de igualdad no es un tema novedoso para las empresas, pero se ha convertido en una obligación para la mayoría de empresas tras la convalidación del Real Decreto-ley 6/2019, 1 de marzo, con el que se pretende garantizar la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. La responsable del Área Legal de GB Consultores, Esther Carbonell, fue la encargada de explicar a los numerosos asistentes a la jornada las características y el contenido mínimo que deben tener ahora los Planes de Igualdad, así como las fases de elaboración que se deben contemplar.

Entre las distintas modificaciones que marca la ley, Carbonell destacó la obligación de elaborar planes de igualdad en empresas de 50 o más trabajadores. Para ello, se ha establecido un calendario de implantación de los planes que se iniciará el 1 de enero de 2020 para empresas de 150 y hasta 250 trabajadores; dos años después se tendrán que acoger a esta norma las empresas de más de 100 y hasta 150 trabajadores; y, por último, las empresas de 50 a 100 trabajadores dispondrán de tres años para la aprobación de los planes de igualdad.

Es importante destacar la creación de un registro en el que las empresas tendrán que inscribir su Plan obligatoriamente. La ley también tipifica una serie de sanciones para las empresas sin planes y medidas de igualdad, aunque aún está pendiente su desarrollo reglamentario.

Por otro parte, también es necesario disponer de un Código de Conducta y Protocolo de Acoso Sexual y por razón de Sexo. “Las organizaciones dejan expresa constancia de su intención de adoptar, en el marco de sus responsabilidades, cuantas medidas sean necesarias para impulsar un ambiente de trabajo libre de acoso, no permitiendo ni consintiendo conductas de esta naturaleza”, indicó Carbonell.

Registro horario

Tras su intervención, tomo la palabra el abogado Vicente Blanch quien expuso las 10 medidas clave que trae consigo la Ley 6/2019 en materia de igualdad laboral, así como los aspectos esenciales de la actual obligación del registro horario que entra en vigor el próximo 1 de septiembre.
En este sentido, Blanch comentó que la mayor duda que tienen las empresas es saber cómo se apuntan las entradas y salidas. Hay compañías que utilizan sistemas tradicionales, como es el cuadrante de papel; otros emplean sistemas de tarjetas para fichar; y en otros casos se están instalando aplicaciones informáticas en los ordenadores o, incluso, en los móviles. En cualquier caso, todas ellas son válidas.

Lo que sí está claro, aseguró Blanch, es que las empresas que no tengan registro de la jornada de sus trabajadores se exponen a recibir una sanción grave, lo que implica una multa de 625 a 6.250 euros. “Si la cantidad es más baja o más alta, lo determinarán los inspectores de trabajo en función del tamaño de la empresa o la facturación”, puntualizó. Por último recordó que las empresas tienen la obligación de conservar el registro a lo largo de cuatro años.

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